martes, 18 de diciembre de 2012

¿A QUIÉNES REPRESENTAN LOS QUE NOS REPRESENTAN?


Si los políticos que gobiernan las instituciones democráticas son nuestros representantes, ¿cómo es que toman decisiones que perjudican tan decisivamente a nuestras vidas? Quienquiera que se haga esta pregunta se encuentra de repente con una serie de dificultades, cuya solución acaba irremediablemente en un dilema moral, que desafía los criterios más elementales de nuestra racionalidad.
En primer lugar, la noción de representación es uno de los conceptos políticos más ambiguos, confusos e irritantemente absurdos que forman el léxico elemental del lenguaje democrático que todo el mundo habla. En términos prácticos, es la piel del cordero con la que se viste el lobo. El sistema de dominio que ejerce la Constitución Española de 1978 se basa en dos principios que se han mantenido inalterables desde que entró en vigor. El primer principio es que la soberanía reside en el pueblo español. El segundo que los partidos políticos son los representantes legítimos del pueblo.
¿Qué significa decir que el pueblo es soberano? Si digo que soy soberano, estoy afirmando una cualidad absoluta que define mi independencia ante cualquier autoridad. No puedo ser soberano a medias, de la misma manera que no puedo ser humano a medias, ni puedo ser medio libre o medio esclavo. O soy soberano, o no lo soy. Un conjunto de individuos soberanos no componen una clase de individuos que es soberana, como el conjunto de limones no es un limón, o la clase de las cucharas de níquel no es otra cuchara de níquel. Así que si por pueblo soberano se entiende una entidad compuesta por individuos soberanos, no puedo concluir que esa extraña entidad que se llama “pueblo” también es soberana.
Y aquí es donde empiezan las dificultades, que no parecen inquietar a los millones de ingenuos que caen cada vez que toca en la trampa de los votos: la fiesta de la democracia como lo anuncian tan orgullosamente nuestras autoridades. Si el pueblo es soberano, no puedo inferir que los individuos sean soberanos singularmente. De manera que si el pueblo es soberano, yo no puedo ser soberano, porque mi soberanía estaría supeditada a la autoridad del pueblo, que es el soberano. Pero, si soy soberano, entonces el pueblo no puede ser soberano, porque lo único que habría sería un conjunto de individuos soberanos, y no una entidad abstracta que sea soberana. Conclusión: si soy soberano, el pueblo no es soberano, y si el pueblo es soberano, entonces no soy soberano. De aceptar esta paradoja, la única relación política posible entre individuos soberanos sería el pacto entre seres libres y moralmente autónomos, y no la sumisión a una entelequia abstracta que me privaría de la autonomía moral en cuyos términos defino mi soberanía. Que se proclame que la soberanía reside en el pueblo español parece enunciar un gran principio de libertad, pero en realidad está sólo afirmando un disparate que favorece la sumisión de aquellos que, al considerarse pueblo, pierden la libertad para gobernarse por sí mismos. El argumento clásico de la representación lo enunció en el siglo XVII Thomas Hobbes, quien sentía pavor ante las revoluciones. Desde entonces se ha venido repitiendo el mismo patrón de dominación: la representación política sólo es viable si los individuos consienten en renunciar a ejercer su soberanía individual.
Afirmar que los partidos políticos son los legítimos representantes del pueblo implica negar a cada individuo la capacidad de actuar como un agente soberano. Porque, ¿quién sería tan estúpido o tan ingenuo de permitir que otros decidan por él lo que él mismo podría decidir? Pierdo mi soberanía, si consiento que en aquellos asuntos cruciales que afectan directamente a mi vida, otros tomen las decisiones que yo podría tomar. Si deciden ellos, no decido yo, y si decido yo, no pueden decidir ellos. Así que si queremos que los legítimos representantes no decidan por nosotros, habría que empezar por aprender a decidir por nosotros mismos. Pero decidir por uno mismo significa ser soberano, y si el pueblo es soberano y los partidos políticos son los representantes del pueblo, las decisiones de los partidos políticos son incompatibles con mi autonomía moral. Así que si admito y defiendo mi soberanía no puedo consentir que otros me representen y decidan por mí. También puedo hacer otra cosa: desinteresarme de las paradojas de autoridad, asumir el mundo de entelequias abstractas de la Pentanidad, y creer con la fe propia de los ingenuos o de los estúpidos que los representantes políticos me representan porque representan al pueblo. La segunda alternativa sólo hace aumentar el poder de los que me representan a costa del incremento generalizado de la idiotez en la población.
¿Cómo se puede concebir que 8.100 alcaldes,  350 diputados del Congreso, 250 senadores, 1.217 parlamentarios autonómicos y 54 parlamentarios europeos   representen a cerca de 42 millones de personas? Los teóricos y filósofos de la política han hecho encajes de bolillos para que la impostura sobre la que descansa la representación política sea generalmente asumida sin despertar excesivos recelos. La concepción más extendida es que la elección en las urnas es el acto por el  se crea la representación. El pueblo en el que descansa la soberanía popular se divide en cinco entidades: la primera entidad es el municipio, que siguiendo la misma lógica es el sujeto de la representación, no los individuos que viven en él. Después vienen las Autonomías que asumen la provincia como sujeto de representación. A continuación la provincia a nivel nacional. La provincia, pues, es representada doblemente: una a nivel autonómico en los parlamentos autonómicos y otra a nivel nacional por los diputados del Congreso. Habría que concluir para evitar duplicaciones innecesarias, que la provincia a nivel autonómico es una entidad diferente a la provincia a nivel nacional, aunque los individuos que viven en ellas sean los mismos. La propiedad de la extensionalidad de los conjuntos, según la cual el conjunto A es igual al conjunto B si los dos tienen los mismos miembros, no es válida en la lógica de la representación política. El Senado representa y no representa la provincia. La representa en la medida en que la representación del Senado sea territorial no circunscrita a la provincia, y no la representa si se circunscribe a la misma entidad que representan los diputados en el Congreso. Finalmente, 42 millones de españoles son representados en el Parlamento europeo por 54 diputados de la Euro-cámara.
Así entendida la representación política es como una pentafrenia, o trastorno quíntuple de la personalidad política, que divide las indisoluble soberanía de la nación española en cinco entidades abstractas diferentes que son, además, cada una por separada soberanas: la que define el municipio, la provincia, la que pertenece a la Comunidad Autónoma, la que está en donde tiene que estar para que la representen en el Senado, y la que finalmente vive en el país de las representaciones: la nación española.
Casi todas las religiones se basan en insondables misterios. Los ilustrados del siglo XVIII, se burlaban de la Trinidad como algo incomprensible e innecesario para amar al prójimo. La religión civil de la democracia representativa también tiene su Trinidad, que no es Trinidad sino Pentanidad: cinco entidades diferentes, y un sólo pueblo soberano. Pero al contrario que la Trinidad, se mantiene como un dogma político indisputable, que nadie se atreve a cuestionar porque forma parte del principio que mantiene la cohesión social. Nada como una fábula para mantener a cada cual en su sitio. Y es que comparado con esta asombrosa proliferación de personalidades políticas que nos representan, Jeckyll y Mr. Hyde es como El lobo y los tres Cerditos.
En el siglo XVII, Henry Parker, un parlamentario inglés, pensó que la relación entre los representantes político y sus representados era la misma que la que existía entre un cuadro y el objeto pintado. Así que vio el Parlamento como un representación pictórica del pueblo. En la actualidad cualquier relación de semejanza entre la clase política y el pueblo al que representa no pasa de ser un  burla soez: sus señorías gozan de inmunidad jurídica, cotizan siete años para recibir la pensión más alta, la retención por IRPF es del 4,5%, trabajan menos de cien días al año, reciben un bono-taxi de 3.000 € anuales para circular por Madrid, gozan de un interpretación generosa del artículo 426 del Código Penal, las hijas de los expresidentes de Comunidades Autonómicas reciben 10 millones de euros cumpliendo escrupulosamente todos los requisitos de la ley, viven en residencias suntuosas, tienen a su disposición un flota de coches de lujo blindados costeados con el dinero público, no están obligados a declarar los regalos que reciben, presiden fundaciones que controlan millones de euros en presupuestos anuales, cobran 3.126 € mensuales de sueldo base, pero como entre el 40% y 70% del sueldo lo reciben en dietas a las que no se les aplica la política fiscal de retención de impuestos, sus señorías cobran más 6.000 € mensuales, tienen el derecho, al contrario que el resto de los ciudadanos, a estipular el sueldo que deseen recibir, gozan de un plan de previsión social gestionado por el BBVA y financiado en parte con los sueldos de sus señorías y en parte con dinero público y, finalmente, sus señorías tienen derecho cobrar indemnizaciones por cese de cargo, lo que ha alentado entre ellos una saludable competición por saber quién es el que más cargo acumula. Teniendo en cuenta todos los privilegios de nuestros representantes políticos, el retrato que el Congreso representa del pueblo es un ejemplo de expresionismo abstracto.
II
 La representación política, además de absurda, es injustificablemente gravosa en relación a la efectividad que supuestamente debería de tener. El presupuesto del Congreso de los Diputados para 2010 era de 98 millones de euros, lo que significa que la representación que ejercen sus señorías en nuestro nombre nos cuesta 280.000€ por diputado. En Cataluña el coste es mayor: medio millón, la Comunidad de Madrid se gasta 333.333€, y en Andalucía cada diputado autonómico cuesta alrededor de 430.000 €. Números similares se pueden encontrar para el resto de los Parlamento autonómicos. Asumiendo una media de 30 millones por parlamento autonómico, la representación autonómica requiere un desembolso de más de 500 millones de euros anuales. Juntas, la representación autonómica y nacional sin contar con el Senado, nos cuesta 14.000 € anuales a cada ciudadano. Es el precio que hay que pagar para que el pueblo soberano sea representado. Teniendo en cuenta la proverbial torpeza de sus señorías en la resolución de los problemas que afectan a los individuos que representan, el sistema de la representación política que estipula la Constitución no pasa de ser una burda estafa.
Bien mirado, sin embargo, todo el asunto de la representación política se descubre como un sistema muy efectivo para que los partidos políticos logren la sumisión de la población, burlándose de sus intereses, que además son los que representan. Cada una de las cinco esferas en donde se produce la representación política supone una cuota de poder para el partido. Cuanto más votos obtiene, mayor es la participación en los organismos públicos, cuanto más presencia en los organismos mayor probabilidad tiene de imponer sus decisiones; como imponer sus decisiones significa poder político, cuanto mayor político tenga más atraerá los intereses de la banca y de las grandes compañías. Si el poder político lo ejerce en beneficio de los ciudadanos que lo votan, no obtiene beneficios, como se trata de obtener beneficios que consoliden la financiación del partido, las decisiones políticas que tome el partido han de ser consistentes con los intereses de la banca y de las grandes compañías del Ibex-35. Una consecuencia que la fallida reforma del Código Penal para vigilar la responsabilidad del sector privado no ha hecho más que consolidar.
Los numerosos casos de corrupción en los que se han visto envuelto los partidos políticos están en su mayor parte relacionados con políticas urbanísticas: en el año 2007 se abrieron 1.096 procesos por abusos urbanísticos, en su mayor parte vinculados con prevaricación, cohecho y blanqueo de capitales. Los habituales eufemismos jurídicos para obtener fuentes de financiación para el partido a cambio de hacer la voluntad de aquellos que ponen el dinero en contra de los intereses del pueblo soberano. Desde la instauración de la democracia, ningún parlamento autonómico, a pesar del dinero que cuestan, ha creado ni una comisión de investigación que esclarezca los casos de corrupción. La asunción prevalente es que la responsabilidad política es lo mismo que la responsabilidad penal.
La interpretación ortodoxa nos dice que representar es los mismo que ser votado, pero que los ciudadanos elijan con su voto a los políticos no los convierte en sus representantes. La representación política podría ser más significativa si las listas fueran abiertas, hubiera demarcaciones electorales más limitadas que vincularan las decisiones de los representantes con sus votantes, o si el número de afiliados de los partidos fuera mayoritario y las bases con mecanismos de participación popular pudieran elegir a sus representantes. Pero aun así habría que contar con un conjunto de presuposiciones para que la representación fuera legítima. Primera que los ciudadanos reconozcan su natural estupidez para tomar decisiones políticas. Segunda, que reconociendo que no son estúpidos, decidan pagar a sus representantes para que actúen en su nombre. En ambos casos el ejercicio de la representación a través de los partidos sigue siendo una imposición arbitraria. Y aunque la Constitución permite otras formas de representación, en la práctica el proceso es más complejo y depende de la voluntad política del partido que se quiera llevar a cabo. Los programas electorales del PP de 1996 y la insistencia de Rodríguez Zapatero en la regeneración democrática en sus dos desastrosas legislaturas no han servido para nada, excepto para ganar el voto de los incautos y de aquellos que aún creen en la buena fe de las promesas electorales.
Votar por un candidato no significa elegirlo. Se trata de una ilusión ideológica. Los candidatos son elegidos por los partidos, el partido los coloca en el escaparate electoral y lanza una masiva campaña de propaganda costeada con dinero público para obligar a los ciudadanos a que los voten. Estrictamente hablando, la legislación española no establece ninguna clase de responsabilidad política entre los votantes y el candidato político. Los candidatos son productos de marketing político que obedecen las consignas del partido y que carecen de vinculación social con la masa de votos que movilizan. La asunción común es pensar que el político representa al partido, como el partido representa al pueblo, el político representa al pueblo. La propiedad de ser representante, sin embargo, no es transitiva: que A represente a B y B represente a C, no convierte a A en un representante de C. A pesar de la declaración formal de los artículos 6 y 66 de la Constitución, los partidos políticos no representan al pueblo; de hecho no representan nada. En el mejor de los casos son sólo un instrumento que utiliza la oligarquía económica para promover sus intereses bajo la ilusión de que el pueblo participa en el gobierno porque se le permite votar.
A pesar de los treinta y tres años de democracia, el poder de facto no ha cambiado sustantivamente en España desde la dictadura. Un estudio de Consultores del Gobierno Corporativo (CGC) demostraba que en el año 2006, 10 familias y apenas 20 empresarios controlaban el 20,14% del capital de las empresas del Ibex-35. De acuerdo con el Profesor Iago Santos, en términos prácticos, significa que el 0,0035% de la población española –aproximadamente 1470 individuos- poseen los recursos que equivalen al 80,5% del PIB. O dicho de otra manera más cruda: el 99.9965 % de la población se reparte el 19.5 % del PIB. Sin duda, el mayor avance en política social en la historia de la democracia española.
Un partido político es una maquinaria de acumulación de poder. El poder necesita dinero, por consiguiente han de buscar dinero para financiar el poder que ejercen. Con la nueva Ley Orgánica 8/2007 de financiación de partidos políticos, cada partido con representación parlamentaria recibe del Estado una cantidad en concepto de subvención según el número de representantes que haya obtenido en el Congreso. Cuanto más representantes, más dinero reciben del Estado. Los dos partidos mayoritarios obtienen entre 65 y 80 millones de euros anuales para financiar sus gastos, además de 50 millones para organizar campañas electorales. Como el poder necesita marketing político para obligar al pueblo a votar, y el dinero que reciben del Estado no es suficiente para pagarlo, los partidos recurren a la banca. Con el dinero de la banca pagan la publicidad, consiguen el respaldo popular de los votos y después hacen lo que la banca, que es la que le ha prestado el dinero, les dice que haga. La lógica es perversa: los ciudadanos financian con su dinero a los partidos políticos para que éstos utilicen el poder del Estado con el fin de someterlos. Un negocio redondo, porque los gastos de producción y marketing son costeados por los consumidores, que además sufren la publicidad institucional que producen los partidos. Es como si se obligara al preso de la cárcel a sufragar los gastos que ocasiona su encierro.
III
¿Quién es el ganador del juego? Hay varios. Primero la banca que financia con créditos las deudas del partido en unas condiciones ventajosas para los partidos políticos inaccesibles para los ciudadanos medios, que no formen parte de la cúpula directiva de los partidos ni de los consejos de administración de las cajas de ahorro. En realidad la entelequia del pueblo soberano la forma los bancos que son los que tienen el dinero para ejercer la única soberanía que entienden nuestros legítimos representantes: el dinero. La soberanía reside en el pueblo español, pero sólo la ejercen los que tienen poder económico para imponer al resto la política que le conviene a sus intereses.
El informe GRECO (Estados Generales Europeso en contra de la Corrupción) de 2009, ponía de manifiesto en una auditoría ad hoc realizada por el propio grupo que la deuda de los partidos políticos en 2005 ascendía a más de 144 millones de euros. Una situación, como el propio informe se encargaba de resaltar, que hace a los partidos políticos “más vulnerables/dependientes de las instituciones de créditos”. Para los bancos, la financiación de la deuda de los partidos es antes que nada un negocio, pero se convierte en un poderosa estrategia para imponer directamente sus decisiones a los partidos políticos en perjuicio de los ciudadanos a quienes, de acuerdo a la Constitución, representan legítimamente.
Las condonaciones de deuda a los partidos es una práctica relativamente frecuente por parte de los bancos. Entre 1997 y 1999 el informe del GRECO estimaba que los bancos habían condonado a los partidos políticos una deuda de 19 millones de euros, lo que da una idea del respeto que los miembros de la banca española tienen por los representantes de la soberanía popular. En el informe de 2006 el Tribunal de Cuentas señalaba que el Banco de Santander le había condonado al PSOE una deuda de 6 millones de euros. En 2005, según el mismo informe de Tribunal de Cuentas, el PSOE reconocía una deuda de más de 62 millones de euros con la banca, lo que no significa que sea la deuda total contraída con las entidades de créditos. A fecha de hoy, no tenemos datos oficiales sobre la deuda acumulada de los partidos políticos con los bancos.
El panorama es aterrador cuando se considera el volumen de la deuda viva que los municipios españoles han contraído con los bancos: 35.443 millones de euros, equivalentes al 3,3% del PIB. Nuestros legítimos representantes han logrado que la deuda municipal media por habitante sea de 613,6 euros a finales de 2010. En términos prácticos, la dependencia de los partidos políticos con las instituciones de créditos significa la perversión del sistema democrático de gobierno, al permitir que la banca defina la agenda política del partido en detrimento de los intereses de la mayoría. De hecho, el único compromiso político que contrae el partido no es con la masa de electores que lo vota, sino con las instituciones financiaras que establecen las condiciones de la deuda.
 Por otra parte, la generosidad del banco es siempre recompensada. Por lo general, los partidos adoptan una política económica que no lesione los intereses de la banca, que es la que tiene la sartén por el mango. El gobierno de Rodríguez Zapatero puso a disposición de la banca 230.000 millones de euros, el 20% del PIB y más del doble de lo que el Estado se gasta en pensiones cada año, con el objeto de evitar presumiblemente la quiebra del sistema, lo que significa asegurar la financiación de la deuda de los partidos, que a fecha de hoy ni siquiera se conoce. El informe del Tribunal de Cuentas tiene un retraso de cinco años y fiscaliza el dinero que el partido recibe del Estado, pero los partidos no tienen la obligación jurídica de hacer público el informe del estado de sus cuentas. El gobierno además no ha aprobado ni una sóla medida de regulación que fiscalice las operaciones tóxicas en las que se haya envuelto la banca nacional.

La crisis ha creado 5 millones de parados, más del 20% de las familias viven por debajo del umbral de la pobreza, lo mismo que uno de cada cuatro niños. El sueldo de los funcionarios, se han congelado las pensiones, el salario medio interprofesional es uno de los más bajos de la Eurozona, se ha aumentado la edad de jubilación, el poder adquisitivo de los obreros no ha hecho más que disminuir progresivamente hasta el 50% desde finales de la década de los ochenta. Pero la banca ha multiplicado sus beneficios: en 2007 el Banco de Santander ganó 9.060 millones de euros, los mayores de su historia, como el propio banco se jacta de reconocer, 8.943 millones en 2009, tan sólo un 1% más que en 2008.
Estos beneficios como los del BBVA (4.606 millones), La Caixa (1.228 millones en los primeros 9 nueves de 2010), Banesto (460,1 millones),  y de otras entidades de crédito son el resultado directo de la especulación financiera amparada y consentida por el gobierno, cuyo Presidente, en una de sus habituales efusiones demagógicas, calificaba su política como: “Hemos dicho no a los poderosos, y sí a los avances sociales”. La fórmula es simple: se aportan 230 mil millones de euros para ayudar a la banca. El dinero no está disponible, por consiguiente se ha de aumentar la deuda pública del Estado para financiar las especulaciones de la banca con dinero público. Todos los bancos que cotizan en el Ibex 35, excepto Bankinter, tienen presencia en paraísos fiscales (5.800 millones de euros en activos en 2008, aunque la ausencia de datos oficiales aumenta la sospecha de que la cantidad puede ser mayor), lo que significa que, ante la ausencia de los mecanismos de control del gobierno de Rodríguez Zapatero, los bancos eluden el pago de impuestos que exige el Estado. Como no pagan impuestos, se limita considerablemente la capacidad para generar políticas que aumenten el bienestar de la población en beneficio de las operaciones de ingeniera financiera. Dicho de otra manera, el gobierno socialista endeuda a la población con 230 mil millones de euros para que los bancos multipliquen sus beneficios, sin exigirles que inviertan el dinero en potenciar la economía doméstica que es la que contribuye a pagar sus beneficios.
El segundo grupo ganador del juego son las demás empresas del Ibex-35: 50 mil millones de euros en beneficios netos en 2010: Telefónica, Repsol YPF, Endesa, Iberdrola, Ferrovial. Los directivos de esas empresas, al contrario que el resto de los españoles, incrementaron su sueldo en una media del 20%. Los altos directivos forman una clase privilegiada: 502 miembros de la alta dirección de las empresas del Ibex-35 ganaron una media de 699.000 euros, lo que supone un total del 350 millones de euros en 2009. Un 3,5% más que en el 2008. En cuanto a los consejeros, los ejecutivos (aquellos con cargos dentro de la empresa) se llevaron la mayor partida de la remuneración de los consejos, el 76,5% del total, con un sueldo medio de 2,7 millones de euros. Los independientes (expertos cualificados) percibieron el 12,4% de las remuneraciones, el 9% fue para los dominicales (los que representan a los accionista) y otros externos supusieron el 2,1%. En contraste con el aumento del 22% de beneficios que han obtenido esas empresas, la riqueza per cápita de los españoles se situó siete puntos por debajo de la media de la Eurozona.

Los consejos directivos de esas compañías tienen además unas notorias vinculaciones políticas: José María Aznar es consejero de Endesa, Felipe González de Gas Natural, Marcelino Oreja, forma parte del Consejo Directivo de Acerinox, FCC y Repsol YPF. Rodrigo Rato preside Cajamadrid, Luis Angel Rojo, ex presidente del Banco de España y Abel Matutes, ex Ministro de Asuntos Exteriores forman parte del Consejo del Banco de Santander. Miguel Roca forma parte del Consejo de la constructora ACS, que preside Florentino Pérez. El Consejo de Ministros nombró presidente de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones la CMT al secretario de Estado de Telecomunicaciones, Bernardo Lorenzo.

Las prácticas de soborno en las que incurren estas empresas no están sujeta a control político: uno de los aspectos más oscuros y opacos del sistema de dominación que impone al resto de los ciudadanos es la alianza entre oligarquía empresarial y partidos políticos. “Ninguna empresa del Ibex-35” -según un informe del Observatorio de Comunicación de Responsabilidad y Sustentabilidad Empresarial-  “aporta información sobre cantidad de dinero donado, préstamos condonados o aportaciones en especie donadas a instituciones y partidos políticos, con desglose por país y con mención de la entidad que lo recibe”. Sólo 15 empresas incluyen referencias explícitas o implícitas al soborno, y algunas se refieren sólo a recibir sobornos, pero no dicen nada sobre su capacidad para ofrecerlos. Lo más indignante es que ninguna de las empresas del Ibex-35 restringe los pagos de facilitación, un instrumento, que se utiliza para encubrir los sobornos y el tráfico de influencias en los partidos políticos.

Como ocurre con los bancos, la mayoría de las empresas del Ibex-35 también tienen capital en paraísos fiscales: Abertis, Acciona, Acerinox, Acs, Agbar, Cintra, Endesa, Fcc, Ferrovial, Gamesa, Gas Natural, Iberdrola, Inditex, Indra, Mapfre, NH Hoteles, Repsol, Telefónica y Unión Fenosa. La subida del precio del gas, electricidad, carburantes e hipotecas se produce en el mismo país en el que las empresas dejan de pagar impuestos, sin que el gobierno mueva un dedo para evitar el fraude fiscal en el que incurren, apoyando un sistema de dominio basado en la descarada explotación económica de los consumidores. Un informe de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado de Octubre de 2009 estimaba el fraude fiscal en España en 70 mil millones de euros anuales: entre el 20% y el 25% del PIB. Como reconocía el propio informe, el gobierno habría reducido drásticamente el déficit público si hubiera practicado un política que persiguiera el fraude fiscal, sin necesidad de haber tomado las medidas que afectan directamente a las clases menos favorecidas. En ocho años de gobierno socialista, no se ha aprobado ni un sóla norma en contra del fraude fiscal.

Si el Presidente Rodríguez Zapatero hubiera dicho efectivamente “no” a los poderosos:
  1. Habría mantenido el Impuesto sobre el Patrimonio que pagaban las grandes fortunas, lo que habría rebajado considerablemente el espectacular margen de beneficios de las empresas del Ibex-35.
  2. No habría  reducido al 18% el tipo de gravamen a los banqueros y familiares, y haberlo mantenido al 43%, o puestos a ser populistas y demagógicos, incluso subirlo al 50%.
  3. Habría aumentado el gravamen de las sociedades de inversión de las grandes fortunas, que en España es del sólo el 1%, probablemente el más bajo de la Eurozona.
  4. No habría bajado hasta 10 puntos el Impuesto sobre Sociedades, lo que hubiera permitido una mayor recaudación fiscal de las grandes compañías y de los bancos.
  5. Habría iniciado una política de persecución de delitos fiscales para evitar que los bancos españoles y las empresas del Ibex-35 acumulen activos en paraísos fiscales, lo que hubiera evitado la drástica reducción del sueldo de los funcionarios y la congelación de las pensiones.
  6. Habría iniciado una política que redujera drásticamente el fraude fiscal.
Finalmente, el tercer ganador lo forman las empresas vinculadas a los partidos políticos, los sindicatos y los ministerios de propaganda de las diferentes televisiones autonómicas, dos instrumentos esenciales para mantener al rebaño dentro del redil. En Andalucía, La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) repartió más de 63 millones a las empresas vinculadas a ex consejeros y altos cargos del Gobierno andaluz entre 2004 y 2011. Entre ellas la empresa Sadiel, que recibió 24 millones de euros en contratos con la Junta entre 2006 y 2009. El reparto de los fondos de reptiles de más de 600 millones de euros, unos de los episodios más siniestros del régimen socialista andaluz. Desde 1995 hasta el año 2009, el gobierno andaluz ha subvencionado a los sindicatos UGT y CC.OO con 251 y 253 millones de euros respectivamente. El precio por haber mantenido la cohesión social en una de las autonomías más afectadas por la crisis, a pesar de que el número de afiliados de ambos sindicatos no pasa del 16%.
Entre 2009 y 2010 los dos sindicatos han recibido del gobierno central más de 30 millones de euros. El presupuesto para RTVE es de 1400 millones de euros para 2011 y las 14 televisiones autonómicas tenían una deuda acumulada de 1.208 millones de euros en 2008. El Consejo Audiovisual de la Junta de Andalucía tiene un presupuesto de 7,3 millones de euros, de ellos más de cuatro se destina a pagar la nómina de altos cargos y funcionarios cuyo fin principal es el de “velar por el respeto de los derechos, libertades y valores constitucionales y estatutarios en los medios audiovisuales, tanto públicos como privados, así como por el cumplimiento de la normativa vigente en materia audiovisual y de publicidad”.

Uno de los factores que más ha contribuido a aumentar la deuda pública ha sido la decisión de los partidos políticos a multiplicar caprichosa y arbitrariamente la administración pública con el objeto de mantener una amplia clientela política que les asegure el voto. En el año 2002 la Administración tenía 335 entidades estatales. En 2011, el número de organismos estatales sobrepasa los 4.000. Su deuda es de 52.000 millones de euros. Los ciudadanos pagan religiosamente unas instituciones cuyo objetivo es permitirle al partido político que siga gobernando.

La representación política es sólo una ficción. Y una ficción es una manera de entender la realidad.  Como ocurre con el resto de las ficciones, no es ni verdadera ni falsa. Su poder se halla en la fuerza psicológica que ejerce para percibir y entender los acontecimientos sociales en la manera prescrita por la ficción. El peligro es que bajo la influencia de una ficción somos incapaces de ver las cosas de una manera diferente que contradiga la visión política que demanda la ficción. El origen de nuestra esclavitud política tiene su raíz más inquietante en la mente: no darnos cuenta que pensamos y actuamos de acuerdo al guión mental que prescriben las ficciones que se nos implanta en la cabeza. La estabilidad de las ficciones, por consiguiente, se basa en que son creídas, aceptadas y se mantienen largamente indiscutibles por una parte considerable de la población, que es sometida, explotada y engañada en la medida en que no cuestione la forma de entender la realidad que impone la ficción mental de la representación política. En consecuencia, la única manera de disipar el poder que las ficciones ejercen sobre la mente es dejar de creer en ellas.

viernes, 7 de diciembre de 2012

LAS VÍCTIMAS DE LA LIBERTAD

La prestigiosa revista médica Lancet publicó un artículo el 11 de octubre de 2006, en el que se estimaba las bajas iraquíes en aproximadamente 655.00 hasta junio de 2006: 

 “Estimamos que entre el 18 de marzo de 2003, y junio de 2006 un número de 654.965 iraquíes han muerto como consecuencia de la invasión de la coalición [una cifra] adicional por encima de lo que se habría esperado sobre la base del índice de mortalidad cruda antes de la invasión. De estas muertes, calculamos que 601.027 se debieron a la violencia” . 

 En cuanto a la magnitud y la significación del número de víctimas con otros conflictos internacionales, Lancet concluía su estudio observando que: 

“En Irak, como en otros conflictos, la población civil sufre las consecuencias de la guerra. En la guerra de Vietnam murieron 3 millones de civiles; el conflicto de la República Democrática del Congo ha sido responsable de 3.8 millones de muertes; y aproximadamente 200.000 de un población de 800.000 murió en el conflicto de Timor Oriental. Según estimaciones recientes, 200.000 personas han muerto en Darfur en los últimos treinta y un meses. Estimamos que casi 655.000 personas –el 2.5% de la población en el área del estudio- han muerto en Irak. Aunque semejante porcentaje de muertes pueda ser común en tiempos de guerra, la combinación de una larga duración y el efecto sobre decenas de millones de personas lo ha convertido en el conflicto internacional más mortífero del siglo XXI, que debería de despertar la preocupación de todo el mundo”. 

Las investigaciones por parte del Opinion Research Business (ORB) y del Independent Institute for Administration and Civil Society Studies (IIACSS) ofrecen unos datos más sombríos: 

“el número de victimas mortales entre Marzo de 2003 y Agosto de 2007 es probablemente del orden de 1.033.000. Si se tiene en cuenta el margen de error asociado con los datos de la naturaleza de esta clase de investigación el rango estimado se encuentra entre 946.000 y 1.120.000”. 

A la destrucción en vidas humanas que ha provocado la guerra de Irak hay que añadir la miseria en la que se ven condenados a vivir los desplazados y refugiados. En abril de 2007, el 14% de la población iraquí había sido desplazada, la cifra se acerca bastante a los cuatro millones de personas; de ellas, cerca de 2.2 millones han emigrado a otros países y 1.9 millones de iraquíes se han visto obligado a buscar refugio en otras partes del país. En opinión de la organización Refugees International, Irak representaba en el año 2006 la crisis de refugiados con el mayor índice de crecimiento en el mundo . Semejante situación ha empeorado considerablemente las condiciones de vida de aquellos que se habían visto obligados a abandonar sus hogares. Un informe de Oxfam fechado en julio de 2007 utilizaba la evidencia proporcionada por la Naciones Unidas para describir la situación en la que se encontraban los millares de personas desplazadas en el interior del país: 

 “Algunas provincias se encuentran saturadas y están intentando cerrar sus fronteras a los desplazados de otra áreas. Millares de desplazados sin vínculos familiares o dinero están viviendo en edificios públicos y escuelas donde están expuestos a un riesgo constante de desalojo, o en cobijos pobres y peligrosos sin agua ni electricidad, o en campos administrados por la Iraqi Red Crescent Society (IRCS)” . 

 Según un informe de la Oficina Central de Estadística e Información Tecnológica del Ministerio de Planificación Iraquí, que se hizo público en mayo de 2007, el 43% de la población vive en “la miseria absoluta”, es decir con menos de un dólar diario. En enero de 2008, el Ministerio iraquí de Trabajo y Asuntos Sociales emitió un estudio en el que se estimaba el número de huérfanos en cuatro millones y medio; medio millón vivía en la calle sin hogar ni familias. Entre ellos, 700 huérfanos estaban presos en las cárceles iraquíes, y 100 en las prisiones americanas. Algunos de estos niños, mientras se encontraban detenidos, fueron torturados, violados y apaleados. Las vejaciones de menores así como las de algunos prisioneros se grabaron en videos por el personal americano en Abu Graib y en otras prisiones. 

El sufrimiento humano que ha causado la invasión americana de Irak ha revelado su vileza y perversión con singular brutalidad en la población femenina. Un estudio de la ONG Women Freedom Organization con base en Bagdad señalaba que al menos 2000 mujeres han sido secuestradas desde 2003 . Centenares de estas mujeres son vendidas cada año como esclavas sexuales en los mercados de Yemen, Siria, Jordán y los países del Golfo de Arabia . Algunas de ellas no pasan de ser chiquillas recién salidas de la adolescencia de 15 o 16 años . También se han vendido niñas de 10 años porque hay perturbados mentales que están dispuestos a pagar una buena cantidad para satisfacer sus perversiones. 

Las mujeres encarceladas en las prisiones de Al-Kadhimiya y Abu-Ghraib son frecuentemente objeto de violaciones y abusos sexuales por las tropas americanas . Por otra parte, miles de mujeres iraquíes se prostituyen diariamente en Siria. Las más afortunadas, trabajan en los clubs nocturnos de Damasco en donde se les garantiza una paga mínima de 10 dólares por noche, cuanto más se prostituyan más dinero ganan . La miseria moral en la que viven estas mujeres es una consecuencia directa de la guerra de liberación que emprendió Estados Unidos. Según el testimonio de la hermana Marie-Claude Naddaf cuyo convento presta ayuda a estas refugiadas: “La mayoría de estas mujeres iraquíes que llegan ahora viven por su cuenta con sus hijos, porque los hombres de sus familias han sido asesinados o secuestrados” . 

La pobreza que aflige a las mujeres en Irak han obligado a muchas de ellas a prostituirse como el último recurso para aliviar el hambre que sufren sus familias. Desprovistas de cualquier trazo dignidad humana son explotadas por algunos contratistas del Pentágono como prostitutas en las bases norteamericanas de Irak. Los contratistas no están sujetos a la ley que prohibía el tráfico de seres humanos firmada por Bush en 2006. “Con frecuencia” -informaba Debra McNutt- “los responsables militares cierran los ojos ante la explotación de las mujeres por parte de personal militar y los contratistas, porque quieren levantar la moral de sus hombres”. Por sólo un dólar, los hombres mantienen la moral muy alta . 

De ser cierta la estimación de muertos de Lancet, la guerra de Irak es el conflicto que ha provocado la mayor destrucción de vidas humanas en lo que va del siglo XXI. Irónicamente, alrededor del 80% de esas víctimas eran civiles, probablemente sin vinculación alguna con las atrocidades que cometió el régimen de Saddam Hussein, y que se convirtieron en blancos inocentes para evitar la falsa amenaza que la administración Bush había fabricado sobre el arsenal de armas de destrucción masiva de Saddam. 

Los defensores y las víctimas de la libertad necesitan de una buena justificación para legitimar la pérdida de vidas humanas y el sufrimiento que causan las guerras. Asumiendo un mínimo de racionalidad, cabría pensar que nadie mata por matar, así que es preciso suministrar poderosas razones que lleven a un grupo de seres humanos a atacar y asesinar a otro, cuya capacidad militar de respuesta defensiva es casi nula, en comparación con el poder militar del imperio más poderoso del planeta. Como lo expresaba el Secretario de Defensa Donald Rumsfeld: 

“Si se van a poner en riesgo vidas de los Estados Unidos, cualquiera que sea lo que se proponga que se vaya a hacer se debe de hacer en el interés nacional de los Estados Unidos. Si va haber personas que van a morir, ya sean nuestras u otras, los Estados Unidos deben tener una maldita buena razón”. 

Los seres humanos que perdieron la vida en la operación Iraqi Freedom lo hicieron sin duda por el interés nacional de los Estados Unidos. Sin embargo, la “maldita buena razón” que asesinó a 4.792 personas de las fuerzas de la coalición y a los centenares de miles iraquíes en “la guerra más idealista que se haya librado en los tiempos modernos” era una burda mentira. 

Todas las razones que adujo la administración Bush para justificar la declaración de la guerra a Irak eran falsas. Las 4.474 víctimas del ejército americano perdieron la vida por la maldita buena razón de liberar a su país de la amenaza de las armas de destrucción masiva, que su gobierno sabía positivamente que no existía. Y los centenares de miles, tal vez el millón largo de iraquíes muertos, los millones de refugiados y desplazados, la pobreza, la miseria, la tortura, y las humillaciones y vejaciones sexuales que sufrieron las mujeres y niños iraquíes fueron también el resultado de la grandiosa impostura que fabricó la administración Bush para legitimar la invasión de su país. 

Extraído de la Introducción de: Enrique Bocardo Crespo (2012). LA POLÍTICA del NEGOCIO: Cómo la Administración Bush vendió la Guerra de Irak. Prólogo de Noam Chomsky. Horsori Editorial: Barcelona.

http://tienda.horsori.net/tendencias/255-ct-4-estrellala-politica-del-negocio-como-la-administracion-busch-vendio-la-guerra-de-irak-.html