Nuestro derecho a desobedecer


Enrique Bocardo Crespo
(Universidad de Sevilla)

Esclavo, según el derecho romano, es aquél que está sometido a la voluntad de otro. En ninguna esfera se demuestra más palpablemente nuestra esclavitud que cuando estamos sometidos a las decisiones del gobierno. Ahí es donde se revela la verdadera esencia del poder: obligarte con el uso de la fuerza a hacer algo que no quieres hacer. El recorte presupuestario del gobierno de Rodríguez Zapatero afecta directamente a la vida de millones de españoles. No todos los funcionarios cobran lo que cobra el Presidente, ni los Secretarios de Estado, ni los Diputados, ni los Ministros, ni los Presidentes autonómicos, ni los directores de televisión ni los miles de asesores que esquilman las arcas del Estado. La medida afecta a los más pobres, a los que tienen menos recursos, pero sobre todo a los que, salvo protestar, no pueden hacer nada para sustraerse del cumplimiento de una ley que es injusta, arbitraria e innecesaria. Pero lo ha decidido el Presidente del Gobierno en Consejo de Ministros. Lo han justificado las luminarias del régimen socialista y ha sido aplaudida por la senadora Pajín. No podemos hacer nada. Dependemos de la voluntad de otro que nos obliga a hacer lo que no queremos hacer. Hay que preservar la cohesión social. Y si no obedecemos se nos echa encima el peso de la ley. En la Antigüedad los esclavos sabían que eran esclavos, la esclavitud de nuestro tiempo reside en desviarnos la atención para que no nos demos cuenta que nos tienen bien cogido por el cuello. La soberanía, se nos dice, reside en el pueblo español. Los políticos son nuestros legítimos representantes, por consiguiente estamos obligados a acatar las decisiones que toman en nuestro nombre.

¿En nuestro nombre? ¿Han tomado alguna vez una sóla decisión en nuestro nombre? ¿A quién beneficia todo esto? ¿A nosotros? Nos toman por imbéciles para negarnos el juicio y la autoridad moral de saber lo que nos conviene y lo que es mejor para nosotros mismos. Utilizan las tribunas de los periódicos del régimen, los mítines, los telediarios, los organismos oficiales, dan voces, gesticulan, hasta se enfadan. Buen teatro.

Pero la gente no es tonta. A la gente no se la engaña tan fácilmente. Pero hay que admitir que saben cómo conseguir nuestra sumisión. Nos someten como siempre lo han hecho, con la fuerza, no con razones; porque si hubiera razones no existiría tampoco poder. Por mucho que prediquen, por mucho que se enfaden, por mucho que escriban, por mucho que vociferen, todo el mundo sabe que la autoridad de un ser humano sobre otro es ilegítima. Que no es posible justificar racionalmente el poder, porque la esclavitud es inmoral. Por consiguiente, cuando alguien, quienquiera que sea, por muy Presidente de Gobierno que sea, obliga a otro a hacer algo en contra de su voluntad lo está esclavizando. Y esa esclavitud sigue siendo esclavitud aunque se justifique con once millones o cien millones de votos. Porque un voto no puede autorizar a nadie a convertirte en su esclavo.

En nuestro país no existe democracia. Según los parámetros habituales, los representantes políticos deberían de tener algún tipo de relación con los electores que son quienes deciden los que van a gobernar. Primero esa relación no existe, porque en treinta años de democracia a ningún partido se le ha ocurrido establecer mecanismos que regulen qué clase de responsabilidad contraen los políticos con el electorado. Segundo, los políticos definen su responsabilidad no con el electorado, sino con los grupos de presión -banqueros, compañías de marketing, y empresarios- que son los que sufragan los gastos de las campañas electorales. Por consiguiente se sienten obligados hacia quienes ponen el dinero y fabrican el clima de opinión para que sean elegidos y no antes quienes lo eligen con sus votos. Y tercero, los partidos políticos son formidables máquinas de propaganda electoral sin apenas vinculación práctica con los electores, una deficencia básica que pone de relieve las limitaciones del sistema de listas cerradas con el que nos engañan. Quien sale elegido se lo debe al partido que es el que ha facilitado la maquinaria para vender su imagen. Porque aquí se venden programas electorales y objetivos políticos como el que vende detergentes, seguros de coches, yogourts o dentríficos. Como si la decisiones que presumiblemente toman en nuestro nombre no hubieran de determinar y definir nuestra forma de vida. Esto lo sabe todo el mundo. Es una ficción consentida por los banqueros, los políticos, los magnates de las grandes empresas, las 1.440 personas que controlan el 80% del PIB del país y naturalmente, los periodistas. Lo que no es de extrañar si se tiene en cuenta que todos ellos viven de alimentar ese engaño. Pero mucha gente no lo sabe. Y no lo sabe, porque los que mandan tienen el poder de hacer creer a quienes los votan que sus representantes hacen lo que ellos quieren que hagan. Mientras la gente de este país siga presa de esa ilusión, no se darán cuenta del yugo que les oprime, porque ese yugo no es percibido como opresión, sino como la expresión de la ley y del orden, la cohesión social y el imperio de la autoridad política. Venerables palabras para aquellos que viven a nuestra costa.

La desobediencia civil es el derecho de todo ser humano a rebelarse ante las leyes que a su juicio son injustas. Ese derecho es la expresión genuina de nuestra libertad. Se justifica en el ejercicio de nuestra autonomía moral a actuar como seres libres siguiendo las razones de nuestro juicio. Quien nos niega este derecho nos esclaviza, y nos arrebata aquellas características que definen nuestra racionalidad como seres libres. No es posible, por consiguiente, preservar nuestra libertad de decisión y someterse a las imposiciones del Gobierno, cuando no las consideramos justas o contradicen nuestros criterios.

Una buena pregunta es averiguar si el Gobierno tiene legitimidad para exigir el cumplimiento de una ley que nos priva de nuestro dinero, después de la injustificable lista de embustes, errores y despropósitos que ha exhibido desde hace dos años. ¿O nos van a hacer creer ahora que una elección democrática implica la aceptación incodicional de todo cuanto decida el Gobierno?